Bovero, que es párroco de la Sagrada Familia de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia, aclaró que la tarea que desarrolla "no es un juicio, sino una instrucción previa" y que la inició hace alrededor de un mes y medio.
En declaraciones periodísticas, Bovero explicó que su misión es "hacer la investigación previa y devolver todo lo instruido a la Santa Sede".
"Las decisiones las toma la Santa Sede y después las ejecuta a través del obispo de cada lugar", aclaró.
A fines de agosto pasado, la Sala Primera de la Cámara del Crimen de Paraná concedió el recurso de casación en la causa que investiga la denuncia contra el cura Ilarraz, luego de que la Cámara del Crimen rechazó el fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo, y concluyó que los delitos que se le imputan al sacerdote están prescriptos. Ahora, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integran los vocales Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, deberá convocar a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación, informaron voceros tribunalicios.
El recurso de casación fue presentado por el fiscal Martin Cotorruelo, quien reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos ocurrieron y hasta qué período de tiempo se extendieron los abusos.
El fiscal aseguró que los camaristas firmaron la resolución, "sin efectuar un examen integral y profundo de los hechos imputados, soslayando ponderar no sólo su gravedad y complejidad, sino también otras particularidades que afectan la determinación del marco temporal en el que ocurren, tales como el importante número de víctimas, la forma progresiva de sus presentaciones, la reiteración en el tiempo de los abusos y el contexto en el que se producen".
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