miércoles, 6 de julio de 2011

El Vaticano ordenó un juicio contra un cura de Rosario por acoso sexual

Un sacerdote que fue acusado de acoso sexual y abuso de poder por varios miembros de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario, deberá someterse a un juicio penal canónico por orden del Vaticano.

Se trata del sacerdote Reinaldo Narvais, de 47 años, quien deberá afrontar el juicio por una recomendación directa de la Santa Sede que, después de evaluar la documentación y las pruebas sobre el caso, se expidió en ese sentido.

La orden de llevar adelante el juicio le fue comunicada por las máximas autoridades de la Iglesia Católica al arzobispo de Rosario, monseñor José Luis Mollaghan, hace varios días y fue informado por el diario La Capital de esta ciudad, que citó a una fuente del Arzobispado.
Narvais, quien fue separado de la parroquia donde trabajaba, se encontraría en proceso de rehabilitación en un lugar que no ha sido informado.

El cura habría mantenido una reunión en la sede del Arzobispado de Rosario con monseñor Mollaghan el pasado 25 de mayo, presuntamente para ser notificado del juicio ordenado por el Vaticano, según la publicación.

En agosto del 2010 fue remitido a la Santa Sede el informe final del caso, para cuya elaboración se tomaron una decena de testimonios, entre ellos los de las supuestas víctimas y ex empleados de la parroquia.

El matutino rosarino señaló que fuentes que han tenido acceso a las conclusiones de la investigación que realizó la misma congregación a la que pertenece el acusado, los Canónigos Regulares de Letrán, dijeron que el informe destaca que la acusación sería un complot contra el cura.

Pero, según las fuentes citadas por el diario, la Congregación aún no ha explicado por qué pagó una indemnización a una de las supuestas víctimas.

Los hechos de acoso sexual y abuso de autoridad contra Narvais tomaron estado público en octubre de 2008, en la parroquia de Pompeya, administrada por los Canónigos Regulares de Letrán.

El sacerdote, además de párroco, era representante legal del establecimiento escolar. Las víctimas habrían sido al menos ocho personas, una de ellas era entonces menor de edad y con discapacidad mental.

Fuente: Diario Textual

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